Un informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU documenta la represión masiva y las violaciones de derechos humanos antes, durante y después de los comicios, en un contexto marcado por detenciones arbitrarias y violencia generalizada.
En un impactante informe de 158 páginas, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha acusado al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El documento, que abarca el periodo entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, señala que el régimen llevó a cabo una campaña masiva de represión y violencia contra opositores y civiles, en un contexto de creciente persecución política y violaciones de derechos humanos.
El informe detalla una serie de abusos que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, y violencia sexual y de género, acciones que habrían sido ejecutadas tanto por fuerzas de seguridad estatales como por grupos armados progubernamentales. Entre las instituciones acusadas se encuentran los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana, y la Policía Nacional, quienes habrían desempeñado un papel clave en la violenta represión de las protestas y en la realización de detenciones arbitrarias.
Violencia, tortura y persecución
De acuerdo con el informe, las fuerzas de seguridad estuvieron “masivamente involucradas” en violaciones de derechos humanos, utilizando fuerza excesiva para reprimir manifestaciones y protestas que estallaron tras los resultados electorales. Se documentaron numerosos casos de tratos crueles y degradantes, especialmente en centros de detención, con víctimas que incluyen tanto figuras de la oposición como ciudadanos comunes que simplemente manifestaron su desacuerdo con el gobierno o los resultados de los comicios.
Uno de los aspectos más alarmantes del documento es la acusación de que las autoridades venezolanas, con el apoyo de grupos paramilitares, orquestaron una represión selectiva mediante operaciones como la denominada “Brazalete Blanco”. Según el informe, esta campaña sirvió como justificación para perseguir y encarcelar a líderes opositores, militares y activistas sociales que se oponían al gobierno. Al menos 48 personas fueron arrestadas bajo sospechas de conspiración contra el régimen en los meses previos a las elecciones, mientras que otras 121 fueron detenidas durante la campaña electoral por su presunta colaboración con la oposición.
Represión tras los resultados electorales
El nivel de represión se intensificó tras el anuncio de los resultados electorales, que otorgaron la reelección a Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, aseguró que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero ganador de las elecciones, lo que generó una crisis poselectoral marcada por protestas masivas en todo el país.
Las protestas, que se extendieron por varias ciudades venezolanas, fueron respondidas con una brutal represión por parte del Estado. Según el informe de la ONU, las fuerzas de seguridad lanzaron una campaña de “detenciones masivas e indiscriminadas”, que superaron las cifras de las protestas de 2014, 2017 y 2019. Al menos 1.767 personas fueron arrestadas tras las elecciones, muchas de las cuales siguen bajo custodia como presos políticos.
Según cifras de la ONG Foro Penal, en la actualidad hay 1.905 presos políticos en Venezuela, de los cuales 38 fueron detenidos en la última semana. La organización señaló que del total de detenidos, 1.669 son hombres y 236 mujeres, con 67 adolescentes entre los presos, todos arrestados por razones políticas o por participar en protestas. La mayor parte de las detenciones se produjo tras las elecciones del 28 de julio, lo que indica el alto nivel de represión desatado por el régimen en respuesta a las crecientes demandas de cambio político.
Denuncias sobre instituciones clave
Además de las fuerzas de seguridad, el informe de la ONU señala la responsabilidad de otras instituciones del Estado venezolano en la erosión de los derechos humanos y el espacio democrático en el país. Entre ellas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) es acusado de “incumplir las medidas básicas de transparencia e integridad” durante el proceso electoral. De igual modo, la Asamblea Nacional es señalada por su papel instrumental en la aprobación de leyes que restringen las libertades civiles y políticas.
Por su parte, el sistema de justicia venezolano es descrito en el informe como una estructura sin independencia, que continúa operando bajo el control directo del régimen. Esto habría permitido que las detenciones y violaciones de derechos humanos se perpetúen sin que los responsables enfrenten consecuencias legales.
Reacciones internacionales
El informe de la Misión Internacional de la ONU ha generado una fuerte reacción en la comunidad internacional. Diversos países y organizaciones no gubernamentales han condenado las acciones del gobierno de Maduro y han llamado a investigar a fondo las violaciones de derechos humanos cometidas durante el proceso electoral. Sin embargo, hasta el momento, no se ha anunciado ninguna acción concreta por parte de organismos internacionales para sancionar al régimen venezolano.
La Misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas y compuesta por expertos como el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, concluyó que existen “motivos razonables para creer” que las acciones del gobierno venezolano constituyen crímenes de lesa humanidad. Este tipo de crímenes, según el derecho internacional, son considerados como los más graves y conllevan responsabilidades penales a nivel global.
El informe será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se espera que se discutan posibles medidas para enfrentar la crisis de derechos humanos en Venezuela, en un contexto donde la represión parece no tener fin y la población sigue sufriendo las consecuencias de un régimen que mantiene un férreo control sobre todas las instituciones del país.