Sede del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Washington. Foto: Carol M. Highsmith/Library of Congress (dominio público).
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, al señalarlo como operador político de una red vinculada al Cártel de Sinaloa. La medida bloquea bienes bajo jurisdicción estadounidense y eleva la presión para que autoridades mexicanas aclaren el alcance de las investigaciones abiertas en México.
Sanciones contra Carlos Torres: qué determinó el Tesoro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó este 29 de septiembre que designó a 21 personas y 25 entidades relacionadas con la estructura de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, identificado por Washington como dirigente de la facción de Los Mayos.
Entre los sancionados aparecen Carlos Alberto Torres Torres; su hermano, Luis Alfonso Torres Torres; Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali; Rafael Buenrostro Marín, exfuncionario de Aduanas; y otros presuntos facilitadores. La dependencia estadounidense afirmó que la red habría utilizado corrupción política y policial para proteger operaciones criminales en Mexicali y otras zonas fronterizas.
Según el comunicado, Torres mantenía una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, y habría usado influencia política para facilitar actividades del grupo y reducir la intervención gubernamental. El Tesoro también aseguró que presuntamente recibía pagos mensuales canalizados por Mendívil, mientras su hermano habría participado en el movimiento de recursos mediante empresas y campañas políticas.
Estas afirmaciones corresponden a señalamientos de la autoridad estadounidense y no equivalen por sí mismas a una sentencia penal. La sanción obliga a bloquear propiedades e intereses de los designados que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses; además, prohíbe en general operaciones financieras con ellos. También alcanza a empresas propiedad en 50% o más de personas bloqueadas.
El caso ya estaba bajo investigación en México
Las acusaciones no aparecen en un vacío. En enero, una investigación de N+ Focus reveló que la Fiscalía General de la República indagaba una denuncia sobre tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero en la que se mencionaba a Torres. La gobernadora confirmó entonces la existencia de la investigación y sostuvo que la FGR debía esclarecer los hechos.
Torres rechazó los señalamientos. En un posicionamiento difundido el 21 de enero aseguró que no tenía “nada que ocultar”, pidió que el asunto se investigara a fondo y afirmó que confiaba en que la indagatoria desestimaría las acusaciones. Hasta el cierre de esta nota no había una respuesta pública nueva de Torres o de Marina del Pilar frente a la designación de OFAC.
La medida estadounidense se produce después de que en mayo de 2025 se revocaran las visas de Torres y de la mandataria estatal. El Tesoro afirmó ahora que el permiso de Torres fue retirado por su presunta relación con el cártel. La gobernadora, militante de Morena, había señalado previamente que desconocía una acusación formal en su contra.
Las preguntas pendientes para el gobierno de Baja California
El expediente abre preguntas directas sobre los controles internos del gobierno estatal y de las policías municipales: qué cargos o accesos tuvo Torres, si intervino en decisiones públicas y qué mecanismos se aplicaron para detectar posibles conflictos de interés. También exige aclarar si la FGR ya verificó los movimientos financieros y las referencias a campañas políticas mencionadas por Washington.
La prioridad ahora es separar responsabilidades individuales de inferencias políticas, pero también impedir que los vínculos personales se usen para evadir explicaciones institucionales. La designación estadounidense no sustituye una investigación judicial en México; sí coloca sobre la FGR y el gobierno de Baja California la obligación de informar qué han investigado, qué pruebas existen y qué decisiones adoptarán.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
