La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió 1,479 asuntos rezagados, algunos abiertos desde 2014, reconoció su presidente, Hugo Aguilar Ortiz. El dato importa porque expedientes sobre prisión preventiva oficiosa y doble tributación siguen sin llegar al pleno, mientras la nueva integración del máximo tribunal enfrenta cuestionamientos sobre productividad, transparencia e independencia.
Rezago de la Suprema Corte arrastra casos desde 2014
Aguilar Ortiz afirmó en una entrevista publicada por EL PAÍS que el rezago de la Suprema Corte incluía 1,479 asuntos cuando comenzó su gestión. Según su explicación, una parte de los expedientes llevaba entre cinco y 12 años sin resolución, por lo que la presidencia fijó como objetivo abatir la carga acumulada.
El ministro presidente dijo que los casos sobre doble tributación de empresas manufactureras y prisión preventiva oficiosa no han sido archivados. Atribuyó la demora a su complejidad y a la necesidad de atender primero expedientes más antiguos o de vigencia anual. Su expectativa, añadió, es que esos temas puedan resolverse antes de que termine 2026.
La información oficial de la Corte permite consultar las listas de sesión y los fallos del pleno, pero el reconocimiento del rezago vuelve relevante conocer no sólo cuántos asuntos se resuelven, sino también su antigüedad, materia y tiempo efectivo de trámite.
Productividad de la Corte, bajo cifras en disputa
Aguilar rechazó que el nuevo pleno sea improductivo. Sostuvo que la Corte resolvió 88% de los asuntos ingresados, incluido parte del rezago, y que 12% quedó pendiente. También argumentó que varias inadmisiones ahora se procesan desde la secretaría, sin llegar a sesión pública, lo que dificulta comparar de manera directa el número de casos votados con el de integraciones anteriores.
El contraste es relevante porque, en números absolutos, el pleno actual ha resuelto menos asuntos que el modelo previo con salas. El presidente de la Corte sostiene que esa comparación omite los desechamientos y la complejidad de los expedientes. La discusión, por tanto, exige datos homogéneos y verificables: asuntos recibidos, admitidos, desechados, resueltos y pendientes por ponencia.
Aguilar prometió que un nuevo sistema permitirá revisar esas cifras en tiempo real. Mientras esa herramienta no esté disponible y desagregada, la defensa institucional descansa principalmente en porcentajes ofrecidos por la propia presidencia. La rendición de cuentas requiere que la ciudadanía pueda reproducir los cálculos y distinguir el rezago heredado del generado durante la nueva etapa.
Independencia y control público tras la reforma judicial
El rezago aparece en un momento de escrutinio sobre la reforma judicial. Aguilar negó que exista subordinación al Ejecutivo y defendió la coordinación con los demás poderes. Sin embargo, las dudas sobre autonomía no se resuelven sólo con declaraciones: también dependen de sentencias, tiempos de resolución y criterios consistentes en casos políticamente sensibles.
En el mismo contexto, un juez suspendido denunció presión política del Tribunal de Disciplina, mientras ese órgano llegó a su primer año con quejas acumuladas y falta de transparencia. Son instituciones distintas, pero ambas forman parte del nuevo diseño judicial y enfrentan el mismo reto: demostrar con evidencia pública que la transformación mejora el acceso a la justicia.
La SCJN mantiene disponibles las grabaciones de sus sesiones públicas. Ese archivo facilita el seguimiento de debates y votaciones, aunque no sustituye un tablero actualizado sobre la carga total. La prueba concreta será si los asuntos más antiguos y de mayor impacto llegan al pleno con plazos claros, sin sacrificar la calidad de las sentencias.







