Organizaciones del autotransporte de carga convocaron a un paro nacional de transportistas desde el lunes 26 de octubre, por tiempo indefinido, para denunciar robos, extorsiones, asesinatos de operadores, carreteras deterioradas y presión fiscal. La Secretaría de Gobernación ofreció diálogo y pidió evitar afectaciones, pero no presentó compromisos públicos, plazos ni metas para responder a una crisis que impacta el abasto y la economía nacional.
Paro nacional de transportistas por seguridad y costos
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Federación Mexicoamericana de Transportistas y la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas anunciaron la suspensión de actividades y movilizaciones en distintas carreteras. De acuerdo con La Jornada, los convocantes calculan que podrían sumarse alrededor de un millón de unidades, cerca de la mitad del parque de carga; esa estimación corresponde al gremio y aún no puede verificarse de forma independiente.
El reclamo central es la inseguridad. Los dirigentes denuncian robos de mercancía, cobro de piso y agresiones contra conductores, además del mal estado de las vías y una regulación que consideran excesiva. N+ reportó que la protesta comenzará el lunes y que su duración dependerá de la respuesta oficial.
Las organizaciones también cuestionan cambios al estímulo fiscal aplicable a peajes. Días antes, la propia Canacar pidió acuerdos concretos para preservar la operación de las empresas. El conflicto combina así dos frentes: la obligación del Estado de garantizar rutas seguras y la presión financiera sobre un sector decisivo para mover alimentos, medicinas y bienes industriales.
Gobernación ofrece diálogo, pero sin metas verificables
La Secretaría de Gobernación respondió que reconoce las preocupaciones de los transportistas y que existen canales institucionales para construir acuerdos. También solicitó que las protestas no afecten a la ciudadanía ni el traslado de mercancías. El pronunciamiento fue recogido por La Jornada.
La respuesta, sin embargo, no precisó una mesa con fecha, funcionarios responsables, medidas de emergencia, presupuesto ni indicadores para reducir robos y extorsiones. Esa ausencia importa porque el conflicto no es nuevo. En junio, otro ciclo de movilizaciones terminó con mesas de trabajo y promesas de acciones inmediatas. Cuatro meses después, el sector vuelve a convocar un paro indefinido, señal de que los acuerdos previos no fueron suficientes o no se comunicaron con resultados medibles.
El Gobierno federal ha destacado una baja en diversos indicadores delictivos y una mejor percepción urbana. No obstante, la percepción de inseguridad en México sigue siendo alta y los datos nacionales no sustituyen una evaluación específica de las carreteras, donde la violencia tiene efectos directos sobre operadores, empresas y cadenas de suministro.
El costo de no resolver la crisis carretera
Un paro amplio podría retrasar entregas, elevar costos logísticos y presionar precios, aunque su impacto real dependerá del número de unidades que se detengan y de si habrá caravanas, cierres parciales o bloqueos. Hasta ahora no existe un mapa oficial consolidado de rutas afectadas; por ello, conviene evitar cifras cerradas sobre pérdidas y revisar los avisos de autoridades viales antes de viajar.
El sector ya enfrenta un mercado interno débil: Enrique Muñoz News documentó que la venta nacional de vehículos pesados cayó pese al crecimiento de las exportaciones. Más inseguridad y mayores costos pueden deteriorar todavía más la renovación de flotas y la capacidad de pequeñas empresas para mantenerse en operación.
La rendición de cuentas exige algo más que una invitación al diálogo. Antes del lunes, Gobernación, Seguridad y la Guardia Nacional deberían publicar una hoja de ruta con tramos prioritarios, patrullaje, atención a denuncias de extorsión, metas de reducción delictiva y seguimiento público. Los transportistas, por su parte, tendrían que informar con precisión modalidades y rutas para minimizar riesgos. Sin compromisos verificables, el paro nacional de transportistas será otra evidencia de que las mesas institucionales no han resuelto la inseguridad cotidiana de quienes mueven al país.







